El 6 de junio de 1969, el doctor Eduardo Vela entregó una niña de pocos días, “fuera de los cauces legales”, a una mujer que no había dado a luz. La señora, de 46 años, quedó registrada como madre biológica, “sin que conste que hubiera mediado consentimiento y ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido cuya identidad no consta en parte alguna”, según la sentencia del primer juicio por el presunto robo de un bebé, dictada hace unos días por la Audiencia Provincial de Madrid. La madre adoptiva, Inés Pérez, aseguró durante la instrucción que no pagó nada y que le dijeron que la criatura era hija de una mujer casada que había entregado al bebé porque no era de su marido. Es imposible comprobar qué pasó realmente, porque la Clínica San Ramón de Madrid, donde nació la niña, cerró en 1982 y no se han encontrado los libros de registro de partos. Vela, de 86 años, afirmó en el juicio oral que no recordaba nada.
Es una sentencia histórica. Desde que se divulgó la posible existencia de una trama de sustracción de recién nacidos que habría operado entre 1950 y 1990 en España, algunas asociaciones de afectados han calculado que existen 300.000 víctimas. En 2012, tras recibir una denuncia colectiva de más de 250 familias, la Fiscalía General del Estado resumió el supuesto modus operandi: “Consistía básicamente en que se informaba a la madre y familiares de que un menor recién nacido había fallecido, ofreciéndose el centro hospitalario a hacerse cargo de los restos. Ese menor era entregado a otras personas”.
Las tumbas de esos niños deberían estar vacías. Desde 2010, la Fiscalía ha iniciado 2.100 diligencias de investigación de presuntos robos de bebés. La mayor parte se ha archivado, por falta de pruebas o porque, tras 40 años, ni siquiera existían los registros hospitalarios ni vivían los posibles testigos. Pero 522 casos sí han llegado a la vía judicial, según fuentes de la Fiscalía. En 120 de ellos, ante indicios de una sustracción, fiscales y jueces han ordenado abrir las sepulturas de los bebés para ver si estaban vacías. Y, en las que se han hallado restos óseos, han solicitado la identificación de su ADN. Ninguno de estos análisis ha servido para confirmar un robo, según un informe técnico realizado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) con motivo de la visita a España en 2017 de una delegación del Parlamento Europeo para investigar la presunta mafia.
Los restos de cuatro bebés exhumados de tumbas del periodo 1960-1970 muestran que los cuerpos pueden desaparecer hasta ser inapreciables.
Los restos de cuatro bebés exhumados de tumbas del periodo 1960-1970 muestran que los cuerpos pueden desaparecer hasta ser inapreciables. INTCF
“No conocemos ningún caso en el que se haya podido confirmar el robo de bebés. Lo que sí hemos visto es que era cierto lo que les dijeron a los padres: que el bebé había fallecido”, señala el biólogo Antonio Alonso. Su equipo ha podido recuperar restos óseos en 117 de los 120 enterramientos exhumados, el 97%. En otros dos casos, ya no quedaban huesos, pero sí pelos fetales, paños quirúrgicos, pinzas umbilicales y rastros de insectos devoradores de cadáveres. El número total de procedimientos abiertos asciende a 128 porque en 14 de los recién nacidos se recurrió, como único análisis o como prueba complementaria, a la investigación genética de biopsias que se conservaban en los hospitales.
Los análisis de ADN fueron extremadamente complejos, debido al estado de degradación de los restos. Solo se pudo obtener el perfil genético de 90 de los recién nacidos. En 81 de estos casos (el 90%), los científicos pudieron identificar a los bebés como hijos de los padres que los buscaban. En los demás expedientes, existían dudas sobre si los restos exhumados —a menudo en vetustas fosas comunes— eran los correctos. Alonso recuerda que, hace décadas, los recién nacidos fallecidos sin bautizar se enterraban en cementerios de párvulos, sin lápida, en diferentes filas y niveles. “Las circunstancias del enterramiento hacen muy difícil el análisis”, lamenta.
El informe técnico no respalda la existencia de una trama de robo de bebés, sino que constata “la comprensible incertidumbre” de muchos padres sobre si su hijo murió realmente, tras un trato hospitalario que, hace décadas, pudo ser frío y opaco, según Alonso. En 1976, la tasa de mortalidad neonatal precoz superaba los nueve bebés por cada 1.000 nacidos. Pensar que un niño no falleció, sino que fue robado, es la última esperanza para muchos padres de volver a ver a su hijo con vida. Un padre lo sintetizó durante una exhumación en Málaga en 2012: “Me gustaría que los restos no fueran de mi hijo. Eso significaría que todavía está vivo”.
“Hay padres que no se creen nuestros análisis de ADN. Creen que se trata de una conspiración del Estado. Ponen en duda nuestro trabajo y nuestra honestidad”, lamenta Alonso, uno de los mayores expertos de España en genética forense. Ha trabajado en la identificación de las víctimas de los atentados del 11-M, en la de los asesinados en la Guerra Civil Española e incluso en los intentos de encontrar los restos mortales del escritor Miguel de Cervantes.
El director del Instituto de Medicina Legal de Murcia, Rafael Bañón, ha participado en cuatro exhumaciones, en Cartagena, Beniel, Alcantarilla y Fortuna. “Nos hemos encontrado lo que esperábamos: a los hijos de los denunciantes”, afirma el forense. Los bebés supuestamente sustraídos estaban en sus tumbas. “Creo que no ha habido un robo sistemático de recién nacidos en España, sino un problema de adopciones irregulares”, opina el forense. La sentencia del caso del doctor Vela cita una investigación policial que concluyó que existía “una trama” en la que “aparecía un centro de acogida para madres solteras, Villa Teresita, donde mantenían a las jóvenes durante el embarazo a cambio de que dieran luego sus bebés en adopción”.
“A veces lo que pasaba es que una madre que no podía atender a un niño lo daba en adopción y se registraba como hijo biológico de otra madre que no había dado a luz”, coincide la letrada Carmen de Troya, coordinadora del Servicio de información a afectados por la posible sustracción de recién nacidos, dependiente del Ministerio de Justicia. A su oficina, abierta en 2013, han acudido unas 770 personas. El equipo de De Troya ha creado un Fichero de Perfiles de ADN para intentar juntar piezas del mismo puzle. La base de datos la gestiona el INTCF y hoy cuenta con 563 perfiles, con un número desproporcionado de madres y padres que buscan a sus hijos (el 74%), frente al de hijos adoptados que quieren encontrar a sus padres biológicos (el 13%). El resto son hermanos. “No ha habido ninguna coincidencia entre todos estos perfiles”, apunta De Troya.
“Muchos de los hijos adoptivos que buscan a sus padres biológicos fueron abandonados en inclusas. Nosotros no decimos que no haya habido ningún niño robado, pero la casuística que hemos visto hasta ahora es otra”, subraya Alonso. “Quizás hemos estado investigando el modus operandi equivocado”.
María Bueno sí está convencida de que le robaron a su niña. Dio a luz en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción. Su hija, según le dijeron las monjas, nació muerta. “Hay autos judiciales en los que se dice que sufrimos una psicosis generalizada por culpa de los medios de comunicación. Yo tengo un certificado de defunción de mi hija de la Nochebuena de 1981 y otro de que no está registrada en el cementerio”, afirma Bueno, coordinadora general de la Plataforma Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles Te Estamos Buscando. Su organización agrupa a media docena de asociaciones, pero Bueno reconoce que no sabe de dónde sale la cifra de los 300.000 bebés robados. “Pueden ser 300.000, 400.000 o 250.000, ese no es el fondo del asunto”, opina. Durante el franquismo, sostiene, “se robaban niños a mansalva”.
