En la parroquia castrense del barrio de la Latina de Madrid el domingo 18 de junio de 2016 no pudieron procesionar el día del Corpus, por motivos ideológicos, algo que vulnera la ley y la libertad religiosa, hecho que denuncia con todo lujo de detalles el coronel Efrén Díaz Casal, que sigue luchando por esta causa.
Háblenos de cómo nace la prohibición de procesionar el día del Corpus en la parroquia castrense…
Es una parroquia castrense dependiente del Arzobispo Castrense de España que, a su vez, tiene la doble dependencia del Ministerio de Defensa y de la Conferencia Episcopal Española.
La procesión que la parroquia se proponía celebrar era la procesión del Corpus Christi del domingo 18 de junio de 2016, al igual que otras muchas parroquias en toda la geografía española.
Un permiso que es siempre mejor pedirlo a la Delegación del Gobierno que al Ayuntamiento…
Más que un permiso es el imperativo del Artículo tercero.1. de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión – a la que se atiene la resolución del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad de fecha 13 de julio de 2017 – establece que “Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización”.
Sin embargo, el anterior párroco lo pidió en balde…
El anterior párroco solamente pidió permiso una vez para celebrar la procesión del Corpus Christi en la Colonia Militar “Dehesa del Príncipe” el domingo 18 de junio de 2016, siéndole denegado.
Por motivos ideológicos…
La “explicación” oficial consta en el punto 18 de las páginas 58 a 66 de la Web “ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LATINA CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2016” con la salvedad de que, vergonzosamente, la concejala y el resto de concejales intervinientes en la sesión demuestran ignorar la incompetencia del Ayuntamiento de Madrid, y por tanto de la Junta Municipal de Latina para tramitar actos religiosos en la vía pública.
A juzgar por la simpleza de las respuestas de la concejala en la citada sesión ordinaria de la Junta Municipal de Latina celebrada el 9 de junio de 2016, solamente cabe deducir que lo que pretende el veto municipal de la procesión de la procesión del Corpus Christi en la Colonia Militar “Dehesa del Príncipe” el domingo 18 de junio de 2016 es erradicar de la vida ciudadana toda idea de Dios, vieja aspiración de la ideología de quienes regían en aquellas fechas el municipio de Madrid y sus distritos.
Y el actual párroco lo volvió a pedir con idéntico resultado…
El actual párroco, a pesar de mis reiterados avisos al respecto entregándole la documentación correspondiente sobre la TRAMITACION LEGAL DE ACTOS RELIGIOSOS EN LA VÍA PÚBLICA de acuerdo con lo prescrito en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión – a la que se atiene la resolución del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad de fecha 13 de julio de 2017 – solamente solicitó permiso a la Junta Municipal de Latina del Ayuntamiento de Madrid para celebrar la procesión del Corpus Christi de 2018.
Esa denegación por ideología vulnera la ley y el principio de la libertad religiosa…
Ciertamente, vulnera la ya citada Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, el Artículo 14 de nuestra Constitución al discriminar a los católicos en la tramitación de sus actos religiosos en la vía pública a través de los ayuntamientos, en tanto que cualquier otra persona o colectivo tramita sus concentraciones o manifestaciones en la vía pública a través de su respectiva Delegación o Subdelegación del Gobierno.
Por añadidura, vulnera la libertad religiosa y de culto que garantiza el Artículo 16 de nuestra Carta Magna, así como el Artículo 506 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que prescribe “La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años…”
Es un atropello y el perjuicio ocasionado es grande…
Es un disparatado y descabellado atropello, traduciéndose su perjuicio en el indescriptible estado anímico que produce en la parroquia, en cuantos formamos parte de ella y en cualquier español sin distinción del credo que profese, al comprobar que en el presente caso, tanto los regidores municipales como el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Madrid, además de abdicar de su función principal de cumplir y hacer cumplir la ley, vulneran la Constitución y las leyes ya citadas: esto es inadmisible en un Estado de Derecho pero lógico en un estado de desecho.
Y no es la primera vez que suceden estas negaciones por motivos anticlericales…
En mi parroquia es la primera vez: en otras parroquias españolas, en los 30 meses anteriores a la prohibición a la mía, se han dado 8 casos más.
¿Cual ha sido la reacción de los feligreses?
La primera reacción de los feligreses fue de indignación y desobediencia a la prohibición municipal: en caso de que se vuelva a repetir el veto municipal es preferible no hacer conjeturas.
El obispado debería buscar soluciones al asunto…
El proceder del Arzobispo Castrense de España del que depende la parroquia, conocedor del asunto por el párroco y por mí mismo que le he informado detalladamente de la incompetencia del Ayuntamiento y por tanto de la Junta Municipal de Latina, al igual que el resto de las principales autoridades eclesiásticas, ha sido inadmisible e incomprensiblemente, continuar ilegalmente “solicitando autorización del acto religioso a los ayuntamientos” en lugar de “comunicar el acto religioso a celebrar, a la respectiva Delegación o Subdelegación del Gobierno” como prescribe la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.
Sin embargo, pareciera que no quiere enfrentarse al Ayuntamiento…
Se trata más bien de que el Ayuntamiento cumpla la ley, bien sea por las buenas llegando a un entendimiento como personas civilizadas, o poniendo el caso en conocimiento de los tribunales a efectos de que administren justicia como es su obligación; aprovecho esta oportunidad que “El Correo de Madrid” me brinda para reclamar la correspondiente actuación de oficio de la Fiscalía en el presente caso.
Ni si quiera se dignan a contestarle…
Las respuestas de mis reiteradas solicitudes a las principales autoridades eclesiásticas, han sido obsequiadas en la mayoría de los casos con un descortés silencio o, en contadas excepciones, con un conjunto de extemporaneidades ajenas a mis planteamientos y huérfanas de solución o conclusión alguna, ni esperanza de alcanzarla, al tiempo que propiciatorias de nuevos vetos municipales de actos religiosos en la vía pública, que mi labor desde hace más de dos años trata de evitar.
Hago la salvedad de que me propongo escribir una carta abierta al episcopado español para que reconsidere su proceder y rectifique su ejecutoria en el asunto en cuestión, impropia de su condición y que no beneficia a la Iglesia ni a cuantos formamos parte de ella, y menos a sus pastores cuya actuación al efecto resulta dudosamente encomiable.
Si persiste el silencio, ¿qué va a hacer usted?
Continuar dirigiéndome a la opinión pública a través de las webs como “El Correo de Madrid” a fin de que la opinión pública conozca la ejecutoria de cuantos desde nuestras instituciones nos están “desgobernando” y actúe en consecuencia, afirmando al respecto que si en este caso están vulnerando una Ley Orgánica, son capaces de cualquier otro despropósito, sin descartar posibles acciones judiciales, como ya he dicho antes.
¿Por qué es importante denunciar este caso a la prensa?
Porque quiero comunicar a la opinión pública que en el presente caso no se me ha ofendido a mí, sino que “una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.
¿Quiere añadir algo para finalizar?
Que no cejaré en mi empeño de que las autoridades políticas y religiosas acaten la ley y hagan frente a las responsabilidades derivadas de sus hechos en el asunto que nos ocupa, solicitando a la opinión pública la solidaridad que el caso demanda, pues según sentencia Alejandro Magno “De la conducta de cada uno depende el destino de todos”.
Javier Navascués Pérez
Artículo original El Correo de Madrid
