Acaban de salir a la luz pública unos documentos donde se pone de manifiesto que la juez Elisabet Castelló Fontova se habría dejado sobornar para “amañar” varios procedimientos judiciales siendo titular del juzgado de instrucción nº 33 de Barcelona. El Consejo de Ministros no ha tenido el menor reparo en nombrarla asistente del magistrado José de la Mata, que es miembro del organismo “Eurojust” en La Haya.

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Estalla la bomba de relojería a partir de unos vídeos publicados en el pasado mes de junio en un canal de la plataforma Youtube. Su asombroso contenido relata de forma sobrecogedora como una denuncia anónima alertaba hace doce años de una trama de sobornos existente en los juzgados de Barcelona y en la mismísima fiscalía. Aquello provocó la apertura de las “Indeterminadas 1/2009” del TSJ de Cataluña.

Una de las investigadas fue la juez Elisabet Castelló Fontova siendo titular del juzgado de instrucción nº 33 de la capital catalana. Mediante esas diligencias se citaría también a declarar a prácticamente la plantilla completa (toda) del instituto de medicina legal de Cataluña. Todos ellos citados como involucrados en el “amaño” de centenares de informes de autopsia. De ahí el sobrenombre que recibiría en algunos foros su ya famoso director, Josep Arimany Manso, apodado el “Mengele español”. En esas investigaciones también quedarían muy comprometidos los intereses del PSOE de aquella época.

El asunto casi olvidado ha vuelto a reactivarse cuando al forense “Mengele autóctono” no se le ha ocurrido más brillante idea que denunciar al autor de los videos de Youtube en julio del año pasado, escudándose en un muy discutible delito de calumnias.

Para más inri, probablemente por causa de otro “amaño” de la fiscalía involucrando esta vez al Decanato, es nuevamente instrucción nº 33 el juzgado de Barcelona al que le ha correspondido sospechosa y casualmente la denuncia.

Es entonces cuando la juez Castelló Fontova, cabe sospechar, habría entrado en modo pánico y habría exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que la sacaran del embrollo y el país, si bien conservando sus derechos como juez a cambio de no “cantar la Traviata en arameo”.

Sea como fuere, lo cierto es que el BOE del día 3 de febrero ha publicado que “el Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de febrero de 2021, ha nombrado asistente del miembro nacional de España en Eurojust a doña Elisabet Castelló Fontova por plazo de cinco años, fijando su lugar de trabajo en La Haya”.

Lo más escandaloso de todo este turbio asunto es que, para luchar contra el crimen organizado (una de las funciones del Eurojust), se haya nombrado a una persona sospechosa de haberse beneficiado de una trama de sobornos aún sin aclarar, en la que estarían implicados miembros de la fiscalía -al igual que la plantilla completa del “Instituto de medicina legal de Cataluña”- como involucrados en el “amaño” de centenares informes de autopsia. Al parecer estarían igualmente comprometidos en el asunto los intereses del partido político mayoritario en el actual Gobierno de España.

Para resumirlo, este oportuno y conveniente nombramiento es lo más similar a contratar como bombero a un pirómano ¿Qué fuegos va a apagar?

Publicado en El Diestro